Impuestos contra mi voluntad.

Es necesario y urgente que la Nación chilena, esto es, los ciudadanos que habitamos este país, asumamos nuestras responsabilidades en la conducción de todos los asuntos que nos competen y de los que hasta ahora en nuestra historia nacional, hemos permitido que se hagan cargo sólo un grupo reducido de connacionales, con cuyo desempeño -al menos yo- no me siento conforme.

Hace pocos días hubo en los medios masivos una polémica por el eventual cobro a los usuarios, de los nuevos medidores de energía eléctrica, sin que estos aparatos pasasen a la propiedad de los mismos usuarios.

Una oposición razonable de los ciudadanos, cuyo argumento de que si compras algo pasas a ser dueño de ese algo, es incontestable.

En esa misma línea, cuánto más inobjetable es argumentar que quienes financiamos los gastos y las inversiones asociados a la administración de los asuntos de interés público, que emergen del hecho de vivir en un territorio común, somos por tanto los dueños de todo aquello así financiado.

Pues ha llegado el tiempo de que este principio tan claro, se manifieste de manera coherente en un nuevo diseño del modo en que todas las personas que vivimos legalmente en el país, tengamos el espacio, el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones de los asuntos que nos incumben, de modo de hacer valer nuestra condición de financistas del Estado y mandantes de los funcionarios encargados de las diversas tareas de la Administración, comenzando por el primero de los mandatarios: el Presidente de turno en la República.

Sí, porque es preciso recordar que mandante es la entidad que ordena y mandatario es la entidad que obedece o cumple las instrucciones del primero.

La soberanía de una Nación sólo puede existir si las personas que la constituyen han conquistado a su vez su soberanía personal, entendida como el disfrute de la libertad para vivir de acuerdo a los principios que se profesan, dentro del respeto por la libertad de las demás personas.

Y un ciudadano que se ve obligado a destinar una parte de la riqueza que obtiene fruto de su esfuerzo personal, a la administración de los asuntos en referencia, ha debido deponer su libertad. Así fue durante la historia de la humanidad en épocas pretéritas donde la calidad de vida de aquellos Pueblos es hoy considerada miserable, por haber estado sujetos a prácticas abusivas y violentas de parte de quienes les dirigían y sometían en su dignidad. 

Con evidentes diferencias de contexto histórico, el mismo principio se encuentra plenamente vigente en nuestros días, toda vez que el propio vocablo y concepto de “impuesto”, significa desembozadamente obligación y -por tanto- sometimiento a la voluntad de otros connacionales, sobre la base de la amenaza y el castigo. En estricto rigor, el sistema de  cobros impuesto sobre nuestras rentas o sobre nuestros consumos ¡e incluso sobre nuestra propiedad!, equivale a un robo. A un asalto.

De acuerdo a lo informado por la Tesorería Nacional en su cuenta del año pasado, por ejemplo, en el ejercicio tributario de 2017 el 82,2% del total recaudado por el fisco, correspondió a la recaudación tributaria, es decir a los diferentes tipos de cobros impuestos a los ciudadanos, siendo los principales pagos obligados los correspondientes al impuesto al valor agregado a cada compra de un bien o un servicio, con un porcentaje aproximado del 28,48%, seguido por el impuesto a la renta obtenida por nuestro trabajo y/o nuestras inversiones, con un porcentaje aproximado del 26,89%.

Sin duda somos los ciudadanos y ciudadanas de este país quienes sostenemos el mayor peso de la carga que implica financiar la satisfacción de las innumerables necesidades que genera la Nación y -también vale señalarlo- es así precisamente como debe ser.

Pues entonces, así como corresponde a quienes vivimos legalmente en el país, financiar todo aquello que surge de nuestras propias necesidades, también nos corresponde tomar las decisiones respecto de cómo recaudar y cómo utilizar los recursos generados por nosotros mismos para satisfacer nuestras necesidades comunes.

Se trata de nuestras necesidades, de nuestro dinero y, por tanto, nuestras decisiones.

He aquí el modo de conquistar un espacio soberano en lo porvenir, puesto que muy diferente a la imposición que he descrito, será la voluntad ciudadana surgida del consenso que en su oportunidad generemos, acerca de la hacienda pública, su necesidad, mecanismo, montos y criterios de uso de tales recursos.  

Eso será posible, si dejamos de comportarnos como niños, esperando siempre que “alguien más haga las cosas por nosotros”.

Debemos poder elegir genuinos representantes de la voluntad ciudadana consensuada, en cada asentamiento humano del país. Como puedo verlo, ello sólo es posible si ejercemos esa elección y mandato con autonomía, obedeciendo a los acuerdos surgidos de las propias asambleas de habitantes, entre los pares, sin injerencias ajenas a esa voluntad. 

Tenemos mucho trabajo por hacer.

6 comentarios en “Impuestos contra mi voluntad.”

  1. Como lograr que los ciudadanos puedan dejar en “buenas manos” su opinión sobre estos importantes temas que interesan a todos, si no veo donde y como canalizarlos, para luego construir esa nueva institucionalidad que creo urge instalar en nuestro país

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    1. Buenas noches Abelardo. Como yo lo veo, si mejoramos la representatividad mejoraremos la confianza necesaria en los funcionarios. Hoy los funcionarios, desde el presidente para abajo no son nuestros verdaderos representantes, debido a que en realidad son nombrados por la élite, a través de la estrategia de la clase política y sus partidos.

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  2. Manos a la obra….basta de tanta teoria….hay ciudadanos que requieren respuestas urgentes a sus necesidades….ancianos, niños, familias en la pobreza…etc…

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    1. Eso es! yo voy por la formación de un primer núcleo humano, de diversas ciudades para intercambiar las primeras propuestas acerca de la naturaleza de esta iniciativa. En mi caso las he compartido varias veces y están contenidas en mi blog. Quienes estén de acuerdo en lo grueso, podemos comenzar a generar la estructura jurídica del Movimiento para la Autodeterminación de la nación chilena.

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